La polémica del nuevo abastecimiento de agua

Cáceres es una ciudad difícil de abastecer de agua. En sus inmediaciones tan sólo existe una formación de calizas del devónico que da lugar a un acuífero subterráneo, con una cierta capacidad de acumulación de agua. La primera solución de envergadura que se abordó para abastecer de agua a Cáceres en los años 50 del siglo pasado fue extraer aguas subterráneas de ese acuífero conocido como el Calerizo y ante su reducida garantía y deficiente calidad hubo de construirse en 1971 la presa del Guadiloba (20 Hm3) que también se demostró insuficiente por lo que en 1992 se implementó un trasvase, que hoy continúa en funcionamiento, desde la cola del embalse de Alcántara en la desembocadura del río Almonte.

El incremento de población de la capital cacereña, lleva al Gobierno nacional a incluir en el Anexo II de la ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional una actuación denominada: Presa de regulación del Almonte y abastecimiento de aguas a Cáceres.

Varios grupos ecologistas que consideran que el río Almonte es depositario de una serie de valores ambientales y objeto de protección ambiental, se oponen a las diversas opciones, dos, de ubicación de la presa en ese río. La DIA (Declaración de Impacto Ambiental) desecha las soluciones desde el río Almonte y se inclina por la alternativa de la presa de Portaje, situada a unos 65 km de Cáceres. Los recursos se completarían con una aducción desde el embalse de Gabriel y Galán a la conducción de Portaje. Los técnicos municipales expertos en agua del ayuntamiento cacereño consideraron que no era acertada la solución elegida.

Razones ambientales quizá discutibles, llevaron a inhabilitar las soluciones de abastecimiento desde el río Almonte y especialmente la de Almonte a Monroy que se sitúa a unos 15 km del embalse del Guadiloba con un coste estimado de 34,5 millones de euros.

Por otra parte se desechó presentar a la DIA una solución con menor garantía (unos 10 hectómetros cúbicos anuales de suministro) consistente en un azud en el Almonte cerca del bombeo actual. En consecuencia la ciudad de Cáceres se ve obligada a proyectar un nuevo abastecimiento bastante más caro, tanto por la inversión inicial, se prevén al menos unos 60 millones de euros, como desde el punto de vista de la explotación por la necesidad de tener que realizar tres bombeos con alturas geométricas de 100+71 +71 m. respectivamente. La vuelta atrás al Almonte, como propugna alguna plataforma ciudadana, parece de difícil consecución teniendo en cuenta el grado avanzado de ejecución de las obras, así como el contenido de la DIA. Y aquí surge la polémica: ¿quién debe asumir el sobrecoste que se producirá?

En mi opinión ha de ser el Estado y no los cacereños. Estos últimos habrían de abonar, en la forma que establece la ley de Aguas, exactamente el coste tanto de inversión como de explotación que hubiera supuesto la ejecución de la alternativa más favorable desde el río Almonte, considerando como obras de regulación la presa y la conducción y descontadas las aportaciones de Fondos Europeos. Porque ésa era la solución que propugnaba una ley: la del Plan Hidrológico Nacional. Y los costes ambientales de protección de un río han de ser sufragados por todos, ya que el medio ambiente es patrimonio de los españoles y no sólo de los cacereños y de los pueblos abastecidos desde Portaje. La consecución del objetivo de reducir el pago correspondiente al nuevo abastecimiento no parece fácil. Pero habría que intentarlo puesto que hay razones de peso que lo justifican.

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José Ignacio Sánchez (Ingeniero Agrónomo)

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Fuente: El Periódico de Extremadura